En una nueva medida contra los llamados “papitos corazón”, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permitirá la suspensión de la licencia de conducir a quienes no paguen pensiones alimenticias. La iniciativa pasará ahora al Senado, que deberá definir si se convierte en ley.
El proyecto busca que los deudores regularicen sus pagos y así reducir el número de inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, que actualmente supera los 270.000 casos a nivel nacional. Solo en la región del Biobío, la cifra asciende a más de 7.000 personas.
Según el diputado Félix González, esta medida está dirigida a quienes se resisten sistemáticamente a cumplir, no a quienes presentan retrasos ocasionales por cesantía o problemas puntuales.
La propuesta se suma a otras sanciones ya vigentes, como la retención de impuestos y salarios, la imposibilidad de comprar o vender vehículos, o la restricción para obtener pasaportes y cédulas de identidad. Con estas herramientas, se busca presionar a los deudores y garantizar que las madres no sigan asumiendo en soledad la carga de rastrear a quienes incumplen con su responsabilidad parental.