El senador de la UDI, Javier Macaya, puso en duda el respaldo de la oposición al reajuste de remuneraciones del sector público, en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.
El parlamentario planteó que los recursos fiscales deberían priorizarse en la reconstrucción de viviendas destruidas, cuyo costo —estimado en unos US$ 1.600 millones— sería similar al gasto que implica el aumento salarial.
La discusión se da en el marco de una iniciativa que ya había generado amplia polémica en el Congreso, debido a la incorporación de las denominadas “leyes de amarre”. Estas normas buscaban limitar despidos y modificar estructuras administrativas del Estado a pocos meses del cambio de mando, lo que tensionó al mundo político y encendió críticas desde distintos sectores.
Finalmente, el conflicto se zanjó en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se aprobó el reajuste salarial, pero excluyendo las “leyes de amarre”. La decisión fue valorada incluso desde el oficialismo, destacando que permitió destrabar la iniciativa y dar viabilidad al aumento de sueldos sin afectar la flexibilidad del próximo gobierno.
A pesar de lo que fue un aparente acuerdo, los dichos de Macaya reabren la controversia en el Senado, donde la oposición es mayoría y podría condicionar el avance del proyecto. El debate quedará supeditado a la evolución de la emergencia y a la estimación final de los recursos necesarios para la reconstrucción, proceso que ya comienza a tomar forma desde las propias comunidades afectadas.