Un conflicto entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y los operadores del Aeródromo Marcel Marchant (La Paloma) quedó al descubierto luego de conocerse un oficio oficial en el que la autoridad confirma la implementación del Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC) desde el 1 de agosto de 2026, medida que los operadores consideran prematura porque, aseguran, aún no concluyen los análisis técnicos acordados entre ambas partes.
El debate se produce en torno a uno de los aeródromos con mayor actividad operacional del país, cuyo rol resulta clave para la conectividad de la Región de Los Lagos, especialmente con Chiloé, Palena y la Patagonia.
¿Qué anunció oficialmente la DGAC?
Mediante el Oficio D.P.(O) N.º 04/1362/7929, fechado el 8 de julio de 2026, la DGAC informó al Club Aéreo de Puerto Montt una serie de acciones destinadas a fortalecer las capacidades y la seguridad operacional del Aeródromo Marcel Marchant Binder.
Entre las principales medidas destacan:
- Modernización de equipos de comunicaciones y ayudas a la navegación.
- Transición desde el actual servicio AFIS hacia un Servicio de Control de Aeródromo (ATC).
- Fortalecimiento de las labores de fiscalización y seguridad operacional.
- Nuevas acciones para prevenir interferencias ilícitas y fortalecer la seguridad aeroportuaria (AVSEC).
Además, la DGAC establece expresamente que una de las primeras tareas será:
"Implementar el Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC) a partir del 01 de agosto de 2026".
Marcel Marchant figura entre los aeródromos con más operaciones del país
El fortalecimiento operacional encuentra respaldo en las estadísticas de actividad aérea.
Según datos oficiales de la DGAC correspondientes al período más reciente disponible, el Aeródromo Marcel Marchant (SCPF) registra 199.731 operaciones, ubicándose como el cuarto aeródromo con mayor movimiento operacional de Chile, solo por detrás de Arturo Merino Benítez (Santiago), Tobalaba y Carriel Sur (Concepción).
Incluso supera en cantidad de operaciones al Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, que registra 164.503 operaciones en el mismo período.
Este antecedente ayuda a explicar por qué la autoridad considera necesario reforzar las capacidades de control y seguridad del recinto.
Operadores cuestionan el momento de la implementación
Sin embargo, los operadores del aeródromo sostienen que el problema no es la modernización, sino la forma en que se estaría llevando adelante el proceso.
En una carta abierta dirigida a la comunidad y en un documento enviado al Director General de Aeronáutica Civil, recuerdan que el 3 de julio ambas partes acordaron desarrollar un proceso técnico conjunto para elaborar un Procedimiento Especial de Vuelo, considerando estudios operacionales, meteorológicos y mesas de trabajo periódicas.
Según afirman, esas instancias aún no se han concretado.
El punto que genera la controversia
Los operadores sostienen que existe una aparente contradicción en el propio oficio de la DGAC.
Mientras el documento señala que continuará la:
- revisión de estudios técnicos;
- validación de evaluaciones de riesgo ATS;
- análisis de materias AVSEC,
también fija una fecha para implementar el nuevo servicio ATC.
A juicio de los operadores, ello implica adoptar una decisión antes de finalizar el proceso técnico comprometido.
La DGAC, en cambio, presenta estas acciones como parte de una estrategia gradual destinada a elevar los estándares de seguridad operacional del aeródromo.
La autoridad destaca el carácter estratégico del aeródromo
En el mismo oficio, la DGAC reconoce expresamente que Marcel Marchant cumple un papel estratégico para:
- la conectividad regional;
- la aviación general;
- la formación de pilotos;
- las operaciones de emergencia.
Asimismo, señala que el crecimiento operacional del recinto hace necesario fortalecer progresivamente sus capacidades aeronáuticas.
Un debate entre seguridad y gobernanza del proceso
Mientras la DGAC fundamenta la implementación del ATC como una medida para aumentar la seguridad operacional y modernizar el aeródromo, los operadores recalcan que comparten ese objetivo, pero solicitan que cualquier cambio definitivo sea el resultado de un proceso técnico participativo previamente acordado.
Hasta ahora, la autoridad no ha emitido un pronunciamiento público específico respondiendo a los cuestionamientos planteados por los operadores respecto del cumplimiento de las mesas técnicas comprometidas.